En Colombia, los usuarios enfrentan desafíos como cortes de agua justificados por el fenómenos del niño y aumentos abruptos en las tarifas de servicios públicos. Según la Ley 142 de 1994 y sus regulaciones, los usuarios tienen derecho a un servicio continuo y deben recibir notificaciones adecuadas antes de cualquier interrupción. 

Las tarifas deben ser justas, transparentes y estar debidamente justificadas por las empresas prestadoras, con el respaldo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Si enfrenta problemas, considere presentar una queja formal ante la SSPD o buscar asesoría legal para proteger sus derechos y garantizar un acceso equitativo y continuo a estos servicios esenciales.